¿Qué hacemos con las cripto?: entre la prohibición y el fanatismo

Por Juan Ignacio Unrein

 

Con la abrupta pérdida de valor que experimentaron muchas de las criptomonedas más populares del mercado –inclusive las que se consideraban “estables”–, varios de los actores más importantes del sistema financiero global, como los organismos multilaterales de crédito y la cúpula bancaria internacional reunida en el reciente Foro de Davos, coincidieron en la necesidad de crear un marco legal para regular a las cripto.

La preocupación sobre el crecimiento exponencial del ecosistema cripto surgió en estos últimos años, con un número cada vez mayor de personas adoptando estas monedas como medio de pago e instrumento de ahorro. En mayo, el Banco de Pagos Internacionales (BIS) elaboró un informe en el cual estableció tres inquietudes principales sobre el uso de las criptomonedas: combatir el uso de fondos para actividades ilícitas, proteger a los consumidores e inversores contra el fraude y otros abusos; y garantizar la integridad de los mercados y los sistemas de pago y la estabilidad financiera general. El mismo informe también advierte sobre las posibles repercusiones en el sistema financiero que conllevaría la aceptación de activos emitidos en un sistema descentralizado, sin intermediación y muchas veces sin reservas físicas.

El Fondo monetario internacional (FMI) también se ha manifestado al respecto, recalcando la necesidad de definir un marco regulatorio común para evitar que los criptoactivos sean utilizados para eludir impuestos y sanciones o para favorecer transacciones originadas en actividades delictivas. El FMI entiende que es necesario definir un estatus legal común en todos los países en relación a las finanzas descentralizadas y digitales, las cuales son actualmente muy distintas en cada Estado o región.

La preocupación sobre el crecimiento exponencial del ecosistema cripto surgió en estos últimos años, con un número cada vez mayor de personas adoptando estas monedas como medio de pago y de ahorro.

En este panorama, los gobiernos tuvieron respuestas muy disímiles en relación a este fenómeno. Países como El Salvador se han convertido en defensores acérrimos del uso de las cripto, adaptándolas cómo monedas de curso legal, mientras que otros han llevado a cabo una persecución contra las mismas, como ocurrió en China o Turquía. Sin embargo, muchos países se han alejado de estas visiones extremistas, inclinándose más bien por políticas regulatorias con mayores matices, lo cual ha generado un esquema regulatorio bastante desigual a nivel mundial en el ámbito cripto, aunque en constante cambio. Esto redunda en nuevos problemas y desafíos para los funcionarios encargados de diseñar la regulación.

Según los esquemas de incentivos y regulaciones que cada país diseñe, puede configurarse un sistema que reforme la dinámica de los mercados basados en la tecnología blockchain. Una excesiva regulación puede afectar negativamente el desarrollo de las innovaciones. De igual manera, una regulación eficiente puede brindar un equilibrio que garantice el funcionamiento de los mercados y la protección a los consumidores e inversionistas, lo cual aportaría garantías de seguridad a un ámbito aún complejo.

Un problema que se interpone en la regularización de las cripto radica en la falta de conocimiento y personal capacitado dentro de las instituciones públicas al momento de diseñar dichas regulaciones. Es un problema que actualmente puede generar muchos conflictos en el desarrollo de este mercado, debido a la complejidad de los incentivos y dinámicas que existen en él. Por esta razón, es fundamental la coordinación de autoridades legislativas con expertos en el campo en cuestión, para elaborar normativas que sirvan para el beneficio de las innovaciones y la seguridad de los usuarios.

Otro elemento complejo para los diseñadores de política regulatoria radica en la privacidad o anonimato existente en el sistema, por la dificultad de establecer una identidad detrás de las transacciones. Esta particularidad de pseudoanonimato es una característica que les quitaría a los gobiernos la posibilidad de tener un control sobre los usuarios de la misma manera que en la actualidad. Sin embargo, tiene como punto positivo que toda la información de las transacciones queda registrada en la red blockchain.

La dificultad de establecer una identidad en las transacciones es otro punto conflictivo.

Existe un gran número de estafas y hackeos que deja a muchos usuarios expuestos a ser víctimas de estos ciberdelitos. Por esta razón, una regulación eficiente podría brindarles mayor seguridad e incentivar a que los proveedores cumplan con ciertos requisitos.

En los circuitos financieros tradicionales actuales la falta de una identificación del usuario impide su utilización de estos servicios. El desafío legislativo que implica un sistema financiero con sistemas de transacciones descentralizados y, por lo tanto, la existencia de transferencias de propiedad sin ningún registro central es algo completamente nuevo para los diseñadores de política pública.

Esta preocupación tomó un nuevo impulso en el gobierno norteamericano cuando comenzaron a advertir la transferencia de un caudal importante de recursos que podrían haber provenido de los grandes empresarios rusos antes y durante la intervención en Ucrania, los cuales habrían utilizado la tecnología blockchain para evadir las sanciones impuestas.

Los reguladores y supervisores tendrían que desarrollar además marcos auxiliares que rijan los mercados cripto y su infraestructura, por ejemplo, a la hora de asignar la responsabilidad de hacer frente a la delincuencia, esquemas Ponzi o estafas en los mercados descentralizados. Muchas potenciales regulaciones que se encuentran en discusión buscarían obligar a los agentes de transacciones descentralizados a exigir a sus usuarios una serie de requisitos, como la identificación de identidad, la posibilidad de congelar depósitos si lo solicitan las autoridades gubernamentales o el origen de los fondos involucrados en las transacciones, particularidad existente en el sistema bancario tradicional. 

Los reguladores deberán desarrollar marcos auxiliares que rijan los mercados cripto y su infraestructura a la hora de asignar la responsabilidad de hacer frente a la delincuencia, esquemas Ponzi o estafas.

Inclusive Facebook (actual “Meta”) hace ya un tiempo que manifiesta su intención de imponer una moneda digital basada en la tecnología blockchain. El ambicioso objetivo de Mark Zuckerberg con su moneda digital Diem, la cual pretendía ofrecer a los usuarios de Messenger y WhatsApp realizar pagos entre sí, se vio obstaculizado por las preocupaciones de las autoridades regulatorias norteamericanas, que veían con malos ojos esta iniciativa. La disputa por quién monopoliza el sistema monetario y financiero, entre los Bancos centrales, las empresas de tecnología como Meta y los entes descentralizados basados en blockchain, es un fenómeno nuevo que cambia constantemente y podría configurar paulatinamente un nuevo esquema financiero internacional.

La forma en la cual estas estructuras de transacciones cripto se adapten a los nuevos marcos normativos de los distintos países será de vital importancia en la formación de nuevas dinámicas que modifiquen la actual práctica y utilización tanto del mercado financiero cripto como del tradicional.

Este artículo fue publicado por primera vez en Contraeditorial

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