Por Arístides Silvestris y Betiana Vargas
En los últimos años se ha resaltado la necesidad de estar conectados a Internet junto al uso de las soluciones digitales, incluso se encuentra destacado como uno en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Nos encontramos transitando el sendero que nos dirige a un mundo cada vez más digitalizado y virtualizado; y la llegada del Covid-19 ha expuesto la brecha digital que existe en todo el mundo y, en particular, en América Latina y el Caribe.
En nuestra vida cotidiana utilizamos Internet para casi todo, estudiar, trabajar, realizar compras, escuchar música, ver películas, etc.; hasta se ha logrado impulsar cambios en las estructuras más conservadoras impulsando el trabajo remoto y uso de “ventanilla electrónica” para trámites o procedimientos estatales, pareciese que esta nueva realidad vino para quedarse.
A nivel estudiantil o laboral, es constante la demanda de conocimientos sobre el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) como las herramientas clásicas de ofimática, correo electrónico y demás. Se hace fácil notar como las juventudes que tienen acceso a diferentes tipos de dispositivos comienzan a convertirse en grandes actores de esta revolución tecnológica, mientras que quienes no cuentan con oportunidades de acceso padecen una profundización de las condiciones de desigualdad y dependencia en un mundo cada vez más digitalizado.
Atendiendo a la importancia que representa el acceso digital de la población, el 21 de agosto de 2020, el presidente de Argentina Alberto Fernández anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 690/2020 que tuvo como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Esta acción desencadenó una baja en el precio de las acciones de empresas como Telecom Argentina (TECO2) y Cablevisión Holding (CVH), ya que el decreto también prevé la regulación de precios de los servicios alcanzados.
En los meses siguientes, varias empresas del sector comenzaron a realizar declaraciones y reclamos sobre la decisión del ejecutivo. A principios de septiembre del mismo año en la jornada “El futuro de las comunicaciones en la Argentina” los directivos de Telefónica de Argentina, Telecom, Claro y DirecTV, expresaron en conjunto el rechazo al DNU. Posteriormente, se sumaron Supercanal y Red Intercable advirtiendo por la caída en las inversiones y la calidad de los servicios de Internet y televisión por cable.
Hacia finales de 2020, las expectativas del mercado para las empresas TECO2 y CVH no fueron las esperadas y comenzó una caída sostenida en el precio de las acciones de dichas empresas.
La tendencia a la baja se mantuvo hasta el día 1 de mayo del corriente, que la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal (Justicia Federal) hizo lugar a la medida cautelar a favor de Telecom y suspendió los artículos principales del DNU N° 690/2020, junto a las resoluciones N° 1466/2020, 1467/2020 y 204/2021 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Este acto de la Justicia Federal desató un cambio significativo en las acciones de TECO2 y CVH y actualmente las cotizaciones han alcanzado valores similares a febrero de este año.
Observamos pues una tensión entre las necesidades de usuarias y usuarios y las ganancias de unas pocas empresas que brindan el servicio. Sin embargo, tal y como se ha detallado con anterioridad, en un mundo cada vez más hiperconectado sería necesario contar con ciertos criterios para el acceso a los servicios TIC que se enfoquen no sólo en el desarrollo de las empresas, sino también en servicios de calidad y accesible para toda la sociedad .
En un mundo cada vez más hiperconectado sería necesario contar con ciertos criterios para el acceso a los servicios TIC que se enfoquen no sólo en el desarrollo de las empresas, sino también en servicios de calidad y accesible para toda la sociedad.
Bajo este concepto el 13 de mayo, el presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini, expresó: “Vamos a ser muy rigurosos en lo que podemos exigir” y agregó que “el DNU 690 está ratificado por el Congreso de la Nación, es una ley y hay que cumplirla, no es una cosa personal, las leyes están para cumplirlas”.
La posición del ENACOM pareciera estar respaldada por varias asociaciones vinculadas a los usuarios; Pedro Bussetti de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) dijo que “el acceso a los servicios de telecomunicaciones es un tema estratégico; vamos a apoyar al Enacom ante la Corte Suprema”.
Gerónimo Rossi, de la Asociación de Consumidores de Mar del Plata (ACUBA), resaltó: “Ellos no ofrecen un servicio que es meramente comercial, eso es un concepto del pasado, hoy esto es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa, los precios no pueden quedar librados a la oferta y demanda”.
Adicionalmente, la María Cristina Vicente, en representación de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC), agregó que: “La Sala II no tiene en cuenta con su fallo a los más débiles, nosotros los usuarios, cuando todos necesitan el acceso a las tics, todos dependemos de las telecomunicaciones. Ante tanto atropello los usuarios debemos alzar la voz”, “Por eso resolvimos apoyar al Enacom en este recurso extraordinario federal que se va a presentar como amicus curiae y también adherimos a lo de ACUBA y ampliaremos la demanda si es necesario; esta lucha es por y para los usuarios”.
Brindar acceso a Internet de calidad pareciera estar siendo un tema controversial. No sólo porque representa una enorme cantidad de conflictos a la hora de tocar intereses económicos, sino porque además contamos con una basta cantidad de sectores que ni siquiera disponen de acceso a la conectividad.
Las falencias de cobertura, acceso y calidad de servicio, aumentan notablemente las desigualdades a lo largo y ancho de todo el país. Dichas condiciones profundizan las desigualdades económicas, pero principalmente las desigualdad de desarrollo integral local y regional. Estas brechas afectan principalmente zonas rurales y zonas urbanas de bajos recursos. Los efectos de la situación condicionan notablemente el ejercicio de otros derechos como los derechos a la Educación y a la Salud.
Estas brechas afectan principalmente zonas rurales y zonas urbanas de bajos recursos. Los efectos de la situación condicionan notablemente el ejercicio de otros derechos como los derechos a la Educación y a la Salud.
Bajo este escenario, el 7 de junio, el directorio de ENACOM avanzó con una serie de medidas destinadas a ampliar y desarrollar la conectividad en diversas zonas de nuestro país. El plan se llevará a cabo a con una partida proveniente del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (ENACOM Res. Nº 189/2021) por un monto de $329.009.656. Se aprobaron los proyectos de Aportes No Reembolsables (ANR) que serán enviados a beneficiarios ubicados en Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Mendoza, Misiones y Santa Fe; cuyo objetivo será el de garantizar el acceso a redes de calidad, mejorando el acceso a internet en todo el país, haciendo foco en la expansión, ampliación y mejora de las redes de banda ancha.
Es por ello que volvemos a preguntarnos si la conectividad y el acceso a la información ha dejado de ser un servicio optativo para convertirse en una condición esencial para el ejercicio de la ciudadanía.
Este artículo fue publicado por primera vez en Ámbito Financiero
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